Al fin lo consiguieron. Dos años han estado metidos en ello, pero son así de torpes, de egoístas y de sectarios.
En la mañana de ayer lunes el PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que propondrán para su aprobación al Congreso y al Senado. Los dos principales partidos políticos (quedan fuera todos los demás) han logrado consensuar 18 nombres de los que 10 han sido propuestos por el PSOE (nueve vocales más el presidente), 9 por el PP y los dos restantes, de los que dependerán las votaciones, por CiU y PNV.
Todos ellos configuran un "equipo" de marcado perfil político. Entre otros, destaca Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior con el Gobierno socialista, y la juez Gema Gallego, instructora del llamado "caso del ácido bórico”.
El actual CGPJ cumplió su mandato el 7 de noviembre de 2006 y, desde entonces hasta ahora, PSOE y PP habían sido incapaces de poner fin a una situación de bloqueo sin precedentes. El consenso entre los dos principales partidos del arco parlamentario es imprescindible para la renovación de este órgano porque se exige una mayoría de tres quintos para que el Parlamento nombre a los veinte vocales que lo componen.
O sea que esta renovación es una consecuencia del sometimiento del Poder Judicial a los otros dos poderes, contrario a la Constitución y a las normas esenciales de la Democracia, que venimos soportando desde la reforma que consiguió nuestro paisano Felipe González.
Una gracia porque, como bien es sabido, la estructura de las instituciones políticas en las democracias liberales descansa en el célebre principio de la separación de poderes que se remonta al autor inglés del siglo diecisiete John Locke (Tratado de Gobierno civil. 1640) y a Montesquieu, de la centuria siguiente (Espíritu de las leyes. 1748).
Desde entonces se han separado y distinguido la Función legislativa que redacta las leyes y se confía al Parlamento, de la Ejecutiva, que las pone en práctica y corre a cargo del Gobierno de cada hora y de la Judicial que consiste en dirimir los litigios ocasionados por la aplicación de las leyes y se confía a los Jueces.
Y así se ha venido considerado como fundamental para el funcionamiento perfecto de los regímenes democráticos esta división de poderes que se acentúa en el control de los políticos que hacen las leyes y los gobernantes que las aplican por parte de tribunales independientes que puedan controlarlos, sistema que ha producido espléndidos frutos en beneficio de los pueblos que han sido capaces de mantenerlos en toda su pureza.
Aquí, es triste decirlo, hemos dejado que se prostituya, lesionando con ello el principio de legalidad, elemento fundamental de las democracias liberales. Los controlados se reservan el derecho de elegir a sus controladores. No puede darse mayor burla de aquellas ideas de Locke y Montesquieu que han venido sirviendo para trenzar el sólido entramado de las Constituciones del mundo occidental.
Si alguien piensa que un Consejo tan politizado puede ser imparcial y que cualquiera de sus miembros pueda votar en contra del criterio del partido que lo sentó en el sillón, hay que suponerle una dosis extraordinaria de candidez.
Pero, en fin, el acuerdo se ha logrado y la paralización lamentable y clamorosa de la Justicia en España puede que toque a su fin.
Aunque, como puede leerse más arriba, la llave de muchas votaciones la tienen los dos partidos minoritarios, los catalanes y los vascos, a través de sus representantes en este alto organismo. Cómo para que el resto de los españoles nos echemos a dormir tranquilos.
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