Se veía venir. Se viene hablando demasiado de lo que no conviene hablar.
Cuando la preocupación por el paro se dispara a los niveles de 2005…
Cuando muchos miles de miembros de los Cuerpos de Seguridad se movilizan para exigir que se dignifique su trabajo… y cuando hasta los pensionistas ignoran a qué viene ahora la nueva convocatoria del Pacto de Toledo, es recomendable mirar atrás para no ver el presente y aun menos atreverse a atisbar el futuro.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El juez exige la identificación de los dirigentes de Falange entre julio del 36 y diciembre del 51 para poder imputarlos si no han fallecido. Además, Garzón ha ordenado la exhumación de 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, ha pedido los certificados de defunción de Franco y otros 34 altos cargos del régimen para declarar extinta su responsabilidad y ha formado un grupo de siete expertos para localizar las fosas.
Terrorismo, falsificación de moneda, fraudes alimentarios y tráfico de drogas. En estos delitos es competente la Audiencia Nacional. Pero por lo visto no hay delincuentes. O existen servidores de la ley de tan alta capacitación profesional que les sobra tiempo para dedicarlo a otras cuestiones en vez de rellenar crucigramas .De otra forma no se entiende el empeño del juez Garzón en emplear el dinero de nuestros impuestos, harto escaso en el momento actual, para desenterrar los viejos odios de la Guerra Civil.
Naturalmente tamaño intento estaba llamado a coleccionar los rechazos de los mismos profesionales de la administración de justicia y así la Fiscalía recurrirá el auto de Garzón al creer que los delitos prescribieron en 1977.
Ya pidió en Enero que no admitiera a trámite las peticiones de las Asociaciones republicanas de desaparecidos por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía.
No se en qué medida afecta esto al común de la ciudadanía, aunque, como es lógico, supongo que hay opiniones para todos los gustos.
Me quedo con la viñeta que firmó Martín Morales y me enviaba Manolo Durán en el Correo al que me referí anteayer.
Un anciano escribía una carta sobre una mesa desangelada. Podía leerse el párrafo que acababa de redactar:
“Querido hijo: El mismo empeño que pones en saber dónde está tu abuelo enterrado podías ponerlo para recordar en qué residencia has dejado a tu padre y venir a visitarlo”
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